No obstante, continuará su proceso en libertad debido a un amparo que mantiene vigente y que le permite evitar la prisión preventiva.
Durante la audiencia celebrada este jueves, la defensa de la ex funcionaria presentó un informe contable con el que buscó desvirtuar las acusaciones formuladas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El abogado defensor argumentó que la imputación del Ministerio Público es "ambigua, oscura y sobreabundante", además de considerarla contradictoria e incongruente.
También sostuvo que la Fiscalía no ha acreditado que su representada haya hecho un uso ilícito de sus atribuciones como titular de la Secretaría de Bienestar Social, ni que hubiera infringido la Ley de Adquisiciones.
De acuerdo con la acusación, la ex servidora pública autorizó presuntamente, sin un procedimiento de licitación pública, cuatro contratos para la adquisición de 2 millones 400 mil despensas del programa "Bienestar Alimentario", por un monto de 985.2 millones de pesos.
En respuesta, la defensa señaló que, aunque YAC encabezaba la dependencia, no era la funcionaria encargada de adjudicar los contratos. Indicó que el Comité de Compras y Operaciones, donde fungía como secretaria técnica, estaba integrado por varios servidores públicos y que, legalmente, quien suscribía los contratos era el entonces secretario de Administración, identificado como Jesús Alberto "S".
Asimismo, expuso que el Anexo 11 del Presupuesto de Egresos 2022 contempla excepciones para realizar adjudicaciones directas en la adquisición de bienes perecederos y productos básicos, categoría en la que, aseguró, se encontraban las despensas.
Añadió que, antes de concretar las compras, se compararon cotizaciones de tres empresas y el comité eligió la propuesta con mejores condiciones de precio y características.
Tras varias horas de audiencia y diversos recesos, la jueza Gloria Paloma Gómez de la Cruz resolvió vincular a proceso a la ex funcionaria dentro de la carpeta de investigación 733/2025.
Aunque en una audiencia previa se había determinado imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la ex secretaria permanecerá en libertad mientras continúa el proceso judicial, al contar con un amparo vigente.
